En España, el triángulo Banca-Sector Inmobiliario-Industria de la Construcción constituyó durante años la base del crecimiento económico. Siendo su comportamiento especulativo el causante de la elevación artificial de los precios de las viviendas muy por encima del poder adquisitivo del pueblo trabajador, convirtiéndolo en víctima de un creciente endeudamiento. Al no poder las familias españolas con su poder de compra mantener el consumo necesario para dar salida a las existencias de viviendas existentes, cuando la Banca optó por cerrar el grifo crediticio tuvo lugar el estallido de la burbuja inmobiliaria, provocando el colapso de la construcción, que, por constituir la base del crecimiento económico, originó una intensa recesión económica.

Pero no menos culpabilidad han tenido los políticos, al haber promovido el comportamiento especulativo de la trama bancaria-inmobiliaria por medio de medidas como pudieron ser la desregulación del suelo; y del Banco de España, por su dejadez en materia de regulación y supervisión.

¿No son suficientes motivos para exigir responsabilidades?

La recuperación de la economía española pasa por la reactivación del mercado inmobiliario, lo que no tendrá lugar sin el equilibrio entre el precio de la vivienda y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Sin embargo, el excesivo poder de la Banca “española”, una de las mayores propietarias de viviendas vacías, que no quiere rebajar más los precios para garantizar que sus beneficios no se reduzcan, constituye un obstáculo para la recuperación económica.

El descenso experimentado en el precio de la vivienda del 12% resulta insuficiente; siendo necesario, según expertos internacionales, un abaratamiento del 30%. Pero más sorprendente, o no, resulta la apatía de los políticos españoles en forzar el descenso del precio de la vivienda, por medio, por ejemplo, de la prohibición de viviendas vacías; así como la renuncia del Banco de España a su función de regular y supervisar el sistema financiero español ¿Serán manifestaciones palpables de encontrarnos en una DICTADURA DE LA BANCA?

Ante el incumplimiento por parte del BBVA del requerimiento y la falta de respuesta alguna, se ha señalado “la fecha de 21 de diciembre de 2010 a partir de las 10:00 horas de su mañana en la sede del BBVA en Madrid (…) para la recogida judicial de toda la información”, indicando que la comisión Judicial estará formada por la secretaria judicial, que portará “mandamiento judicial de entrada y registro, con la asistencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado”.

El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ha indicado que “deben ser muchos y muy graves los problemas de esta entidad para incumplir flagrantemente una resolución judicial, además de muy profundo su desprecio a la Ley y a los derechos de los consumidores”. “Dónde han metido y están metiendo el dinero de estos abusos los bancos y cajas españoles es una buena pregunta a resolver”, ha añadido el presidente de ADICAE en relación a la actual situación del sector financiero español y a los miles de millones de euros que, mediante clips, swaps, cláusulas suelo, etc… Viene “recaudando” indebidamente del bolsillo de los consumidores.

El auto judicial advierte de que “de no ser facilitada la documentación (…) en el mismo momento de la llegada de la Comisión, se irá dotada de las órdenes judiciales para la recogida de toda la información, así como se podrán adoptar todas las medidas que se consideren necesarias”. Aunque la providencia del Juzgado admite recurso, aclara que el mismo no impedirá llevar a efecto lo acordado. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse del incumplimiento de una resolución judicial, como ha sido el caso.

ADICAE, agrupa a más de 4.000 afectados y sigue recibiendo adhesiones de consumidores afectados por estos “swaps”, “clips” y similares de toda España, a los que seguirá defendiendo en las demandas colectivas frente a un problema que ha llevado a bancos y cajas a embolsarse más de 70 millones de euros indebidamente en el último año.

ADICAE presentó múltiples demandas colectivas frente a ocho bancos y cajas, con motivo de la indebida comercialización de auténticos productos tóxicos vinculados a hipotecas, que están generando enormes perjuicios a cerca de 200.000 consumidores.

ADICAE solicitó tanto la cesación de la actuación de estas entidades como la nulidad de los contratos y la indemnización de los daños a los afectados. Como continuación de esta primera tanda de demandas ADICAE interpondrá demandas en las próximas fechas contra SCH, Banesto, Banco de Andalucía, Banco de Castilla, Banco Galicia, Bancaja, Banco de Valencia, Banco Guipuzcoano, CAI, Caja Rioja, Banco Pastor, CAN, Caixa Sabadell, o Banco Sabadell, entre otros.

Los juzgados de Zaragoza contabilizan 1.141 ejecuciones hipotecarias este año y en 2009 llegaron a 1.557. Un letrado experto en desahucios señala que 2010 superará el anterior y las entidades bancarias se quedarán 3.000 pisos en dos años.

Fuentes bancarias detallan que las inmobiliarias que ganaron hasta el 13% en cada venta.

Los bancos y cajas de ahorro están en plena vorágine de recuperar los inmuebles vendidos a los inmigrantes o renegociar las hipotecas. Muchos inmigrantes no son conscientes de que en España la hipoteca no se acaba con devolver el piso al banco, como ocurre en Estados Unidos. Fuentes bancarias explican que ese fue el motivo de la crisis económica de las hipotecas basuras norteamericanas. “Las entidades españolas se salvaron con las garantías personales y los avales”, señalan.

Los inmigrantes no son los únicos morosos que engrosan el 5% del índice de morosidad bancario. Los bancos están más preocupados por las deudas de los promotores inmobiliarios.

El BBVA obtuvo durante los nueve primeros meses del año un beneficio de 3.668 millones de euros, ascendiendo hasta los 1.140 millones de euros el beneficio obtenido durante el tercer trimestre del año.

El beneficio bruto del tercer trimestre alcanza los 5.084 millones de euros, un 1,8% más que el tercer trimestre del año anterior, elevando el margen bruto del año hasta los 15.964 millones, un 3,8% superior al de los nueve primeros meses de 2009.

Los beneficios de intereses ascendieron hasta los 10.182 millones entre enero y septiembre, siendo 3.245 millones obtenido entre julio y septiembre.

Las dotaciones a provisiones ascendieron hasta los 198 millones de euros, mientras que las dotaciones para insolvencias hasta los 1.063 millones de euros.

Una sentencia, que todavía es recurrible, del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla declara nulas las cláusulas de suelo en las hipotecas de las entidades BBVA, Caixa Galicia y Cajamar. Dichas cláusulas, incluidas en muchos préstamos para la vivienda, impiden que el interés -la suma del euríbor más el diferencial- baje de una determinada cifra.

En el caso de las tres entidades citadas, la sentencia indica que esa cláusula de suelo está entre el 2,5 y el 3,75%. Lo que quiere decir, que por mucho que el euríbor baje, hoy está en el 1,4%, las hipotecas nunca podían bajar de ese tope, de tal manera que los hipotecados no veían reducir sus cuotas.

Por ello, la sentencia declara la nulidad, por abusivas, de las denominadas cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios a interés variable, y condena a las tres firmas a eliminar esos topes, y no volver a utilizarlos en lo sucesivo.

MSR/La acumulación de beneficios y la banca, se encuentran íntimamente relacionados, y así se ha empeñado en mostrárnoslo el Banco Pastor, que obtuvo un beneficio neto de 61,53 millones de euros en los primeros seis meses del año.

La entidad financiera elevó la cobertura de riesgos en otros 99 millones de euros en el primer semestre del año, ascendiendo las provisiones para insolvencias hasta los 837 millones de euros.

El beneficio de explotación se situó en 103,31 millones de euros; mientras que el margen de intereses del banco ascendió hasta los 261,7 millones de euros, y el beneficio de intermediación se situó en los 264,9 millones de euros.

Por último, destacar que las comisiones netas alcanzaron los 69,9 millones de euros en el primer semestre de 2010.

Las dotaciones para cubrir posibles impagos ascendieron hasta los 4.919 millones, experimento un crecimiento del 6% durante los últimos doce meses.

Durante el primer semestre de 2010, el beneficio de intereses alcanzó los 14.499 millones de euros, un 14,6% más que el del primer semestre del año pasado; los ingresos por comisiones se incrementaron en un 6%; mientras que el margen bruto se situó en 20.874 millones de euros, experimentando un crecimiento del 7,8%; y el beneficio neto se creció un 6,6%, hasta los 12.063 millones de euros.

Nos encontramos inmersos en plena crisis económica, lo que no detiene la continua acumulación de beneficios por parte de la banca. Como es el caso del BBVA, que en los primeros seis meses del año ha obtenido un beneficio de 2.527 millones de euros, superior a los 2.450 millones previstos. A pesar de los 250 millones de euros dotados para previsiones genéricas por insolvencias, con la finalidad de cubrir cualquier tipo de impago; dotación no realizada en el primer semestre de 2009.

El beneficio de intereses alcanzó los 6.937 millones de euros en el primer semestre del año -un 1,2% más que durante los seis primeros meses del 2009-; mientras que el margen bruto creció un 4,8%, hasta alcanzar los 10.880 millones de euros; y el margen neto aumentó un 3,3%, situándose en 6.500 millones de euros.

MSR-

Sin contar los resultados extraordinarios, el beneficio del primer semestre habría crecido un 12% con respecto a los seis primeros meses de 2009.

El beneficio de intereses de la entidad financiera alcanzó los 1.285,9 millones de euros, mientras que la ganancia bruta ascendió hasta los 1.804,7 millones de euros.

En cuanto a la liquidez, el Banco Popular afrimó que su situación es holgada, al contrario que la de las familias españolas. Lo que vienen a reflejar, una vez más, que los intereses de la banca son diferentes a los de las familias, y por lo tanto, de la comunidad. Y es por ello que se hace necesario organizarnos en aquellas organizaciones que apuestan por una reconfiguración del sistema financiero orientada hacia una nacionalización del sistema bancario, para así subordinarlo a los intereses y necesidades de la nación.

El Gobierno socialista marxista zapateril prepara más inyecciones de capital para cuatro fusiones de cajas Banca Cívica, las dos fusiones de cajas catalanas y la de Caja España y Caja Duero necesitan liquidez, según los test de estrés, que tampoco pasa Cajasur

Cinco cajas españoles no sobrevivirían de seguir durante más tiempo la recesión. Las uniones de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, que forman el nuevo grupo Diada; la de Sabadell, Terrassa y Manlleu (Unnim); la de Caja Duero y España (Espiga), y el grupo Banca Cívica —Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos—, además de Cajasur, necesitarían 2.000 millones de euros para afrontar una situación de empeoramiento de la economía. El Banco de España reconoció ayer que abordará su recapitalización antes de que finalice el año.

Lo fundamental será determinar cómo dar liquidez a las entidades que no lograron alcanzar el requisito mínimo de solvencia fijado por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), encargado de los test de estrés, en un 6%. Cuanto más bajo es ese porcentaje, mayores son las dificultades de la entidad ante un escenario de tensión económica. Diada, con un 3,9%, es la peor situada de las cinco que suspenden. Le siguen CajaSur (4,3%), Unnim (4,5%), Banca Cívica (4,7%) y Espiga (5,6%). La caja andaluza necesitaría 208 millones adicionales para resistir una nueva etapa de recesión; Diada, 1.032 millones; Unnim, 270; Banca Cívica, 406, y Espiga, 127.

Banca Cívica y CajaSur no han recurrido todavía al FROB. Las otras tres recibieron en su día 2.155 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, al que el Banco de España no descarta recurrir de nuevo para conseguir ese objetivo de recapitalización. Solo CajaSur quedaría fuera de esos planes de inyección de capital porque BBK, con 2.500 millones en excedentes, asumiría ese coste.

La Caixa obtuvo durante los seis primeros meses del año un beneficio bruto de 3.697 millones de euros y un beneficio neto de 902 millones.

El beneficio de explotación creció un 1% hasta los 1.995 millones, mientras que el beneficio de intereses alcanzó los 1.746 millones. Al mismo tiempo que las comisiones -en especial a los servicios a empresas- crecieron un 4,6% y los dividendos un 18,1%.

MANUEL J. ALBERT – Córdoba – 20/07/2010-Los ruinosos escarceos de Cajasur con el sector inmobiliario y su negativa a fusionarse con Unicaja han derivado en la intervención del Banco de España, en su adjudicación a la BBK y pueden terminar en sanciones. El Banco de España ha abierto expediente disciplinario a 40 miembros de los dos últimos consejos de administración de Cajasur. Entre ellos se encuentran los dos últimos presidentes, los sacerdotes Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra, y cinco directores generales. Uno de los ex consejeros expedientados es el actual alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU). El sacerdote Miguel Castillejo, que dirigió la caja durante casi tres décadas, ha quedado fuera de las pesquisas.

En una misiva enviada a los ex directivos y consejeros, el supervisor explica que sus actuaciones tratan de esclarecer tanto “las deficiencias en los mecanismos de control y gestión de los riesgos” de Cajasur, como el “incumplimiento del plan de actuaciones del 28 de julio de 2009″ por el que la entidad cordobesa se comprometía a fusionarse con la malagueña Unicaja. Por último, también se investiga “el exceso de concentración de riesgos”.En la misiva, que ha sido remitida a los 40 ex directivos y consejeros a los que se abre expediente, el Banco de España recuerda que en 2004 sus técnicos realizaron una inspección que determinó que Cajasur tenía “un perfil de riesgo global alto”. Asimismo se constató la “arriesgada política crediticia”. Pero lo que verdaderamente preocupó al supervisor fueron las “deficiencias cualitativas, de control interno y de gestión”.

Como consecuencia de la inspección del Banco de España, en abril de 2005, se requirió a Cajasur que presentase un plan integral “en el que se incluyeran una serie de medidas de gobierno corporativo, organizativas y de control muy estrictas”. Además, se abrió un expediente disciplinario a la caja y a los miembros del consejo de administración de entonces, que derivó en sanciones para todos ellos y para su director general con multas de 5.000 euros a 350.000.

Las sucesivas revisiones del Banco de España de 2005, 2006 y 2008 concluyeron que si bien la caja adoptó medidas para cumplimentar los requerimientos de la inspección de 2004, “en algunos casos fueron insuficientes, y en otros, aunque formalmente parecían aceptables, no se habían aplicado con rigor”.

El Banco de España hace hincapié en la actuación de los responsables del área de empresas participadas. En una inspección de 2006, “se comunicaron a la entidad varias operaciones de difícil justificación, efectuadas por sociedades participadas con actividad en el sector inmobiliario”.

El supervisor recuerda que se “describieron en el escrito de requerimientos hasta pagos injustificados realizados por una sociedad participada por Cajasur a favor de otra sociedad que, según se demostró, no había prestado servicio alguno a la sociedad participada por la caja”. Esta empresa era Arenal Sur XXI, propiedad de Cajasur y del joyero y constructor Rafael Gómez, conocido popularmente en Córdoba como Sandokán. Tras conocerse el presunto delito, la caja presentó una querella contra el empresario.

En cuanto al incumplimiento del acuerdo de fusión con Unicaja, pactado el 28 de julio de 2009, el Banco de España subraya la advertencia que realizó el 5 de mayo acerca de que “la falta de aprobación del proyecto de fusión, antes de que finalizara el día 21 de mayo de 2010 sería considerada (…) como un incumplimiento grave (…)”.

Por último, el Banco de España critica “el incumplimiento del coeficiente de solvencia y exceso de concentración con tres grupos económicos”, ligados a la construcción. El primero era el grupo económico propio, al que se le unían el de Sánchez Ramade y Prasa. El Banco de España reconoce que, de haber prosperado la fusión con Unicaja, “la nueva entidad conjunta hubiera presentado un coeficiente de solvencia por encima del mínimo exigido, aun sin contar con el Fondo de garantías de Depósitos. La fusión fracasó el 21 de mayo, motivando la intervención y la venta a la BBK. La caja declaró el 31 de diciembre de 2009 un coeficiente de solvencia del 3,7% frente al mínimo legal del 8%.

Mientras, directivos de la BBK, la adjudicataria de Cajasur, se reúnen hoy con los directores territoriales y de zona de la entidad cordobesa, informa Europa Press. Esta será la primera toma de contacto que mantendrá la entidad vasca con los directivos de Cajasur para ofrecerles un esbozo de la estrategia que va a seguir en cuanto a gestión y negocio. En los próximos días también está prevista una reunión con los representantes de los trabajadores de la caja cordobesa.

Al margen de las reuniones de trabajo internas con directivos y sindicatos de Cajasur, los responsables de BBK han previsto encuentros de carácter institucional, como el que tuvo ayer el alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), con el presidente de BBK, Mario Fernández, en Bilbao.

Fuente

Durante el primer semestre de 2010, Banesto ingresó 310 millones de euros por comisiones netas, un 2,8% más que en 2009, a la vez que el beneficio financiero ascendió hasta los 79,1 millones de euros.

El beneficio de los intereses alcanzó los 863,6 millones, un 0,5% más; el beneficio bruto creció un 0,7% hasta los 1.288,4 millones; y el beneficio neto de explotación alcanzó los 791,7 millones, experimentando un crecimiento del 1,4%.

A su vez, destinó 184,8 millones de euros a posibles impagos, un 11,9% más que en el primer semestre de 2009. Ascendiendo su saldo total a finales de junio de 2010 hasta los 1.747 millones de euros, lo que representa un incremento del 19,1%.

Los créditos a las distintas organizaciones que integran Izquierda Unida superan, en los últimos años, los 2,2 millones de euros.

Pese a los numerosos impagos, Izquierda Unida logró firmar un periodo de carencia de tres años, que permite así aplazar el abono de sus deudas hasta el año 2012.

En 2004, cuando se inicia la realización de los informes, se refleja la existencia de una cuenta de crédito de Izquierda Unida por importe de 240.000 euros: vencida y en situación de mora; además de operaciones por un importe de 153.258 euros a nombre del Partido Comunista de España con mora parcial. Situación que vuelve a repetirse. DE hecho, en 2007, aparece otro impago de 133.000 euros y en 2008 un préstamo de 1,8 millones que se encuentra vencido e impagado. A lo que hay que añadir, además, créditos concedidos al Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, por un importe total de 7 millones de euros.

Pero el caso de que Izquierda Unida no es único. De hecho, la situación de mora permanente del Partido Andalucista, obligó a CajaSur a calificar como fallidos hace tres años préstamos por un importe total de 358.000 euros, por considerar que no los iba a cobrar.

Sin embargo, más de 70.000 familias el pasado año, sufrieron la ejecución de su hipoteca. ¿Qué legitima este trato desigual?

La solución es bien sencilla, como los bancos no quieren las propiedades de los partidos políticos morosos, que dichas propiedades se destinen para albergues y centros sociales para las personas más necesitadas.

De Tribuna de Europa

La crisis financiera internacional ha recuperado el debate sobre la propiedad privada o pública de la banca. Los millonarios rescates bancarios acometidos por diferentes gobiernos (con Estados Unidos y Reino Unido a la cabeza), los extraordinarios beneficios que han tenido los directivos antes, durante y después de la crisis, la distorsión generalizada que han provocado con sus actividades especulativas… y la sin duda sangrante consecuencia final de la crisis: el pago de la misma por las clases populares que nada han tenido que ver en la gestación de la misma. Todo ello está ahora mismo encima de la mesa.

El debate no es sólo moral, como podría parecer en primera instancia, sino que va mucho más allá. Se trata, también, de una cuestión económica de cuya resolución dependerá el futuro de la actividad económica mundial. No en vano, hablamos del funcionamiento de un sector crucial para el capitalismo.

Costas Lapavitsas, profesor de la School of Oriental and African Studies (SOAS) de la University of London, y miembro del Research on Money and Finance (RMF), escribió el año pasado un paper en el que argumentaba las razones por las que, según él, era necesario abogar por una Banca Pública. Recupero aquí las principales aportaciones de aquel documento, que en todo caso recomiendo leer al completo, de cara a fortalecer nuestros propios argumentos.

Para Lapavitsas la actual es una crisis sistémica, y no accidental. Estaríamos ante los efectos más drásticos de la transformación que el capitalismo contemporáneo acometió en torno a la década de los setenta y ochenta. Dicha transformación, resultado de las reformas políticas de los gobiernos de inspiración neoliberal, habría llevado a la banca a perder la cuota de mercado que tenía con las grandes empresas productivas. Éstas, aprovechando el nuevo contexto financiero (bautizado por muchos autores con el término de “financiarización”) habrían reducido su dependencia de los bancos gracias a una mayor facilidad para financiarse a través de operaciones de mercado abierto (fundamentalmente a través de la emisión de acciones y títulos). Los bancos, en respuesta a ello y para mantener los niveles de rentabilidad previos, habrían desplazado su actividad en dos sentidos: involucrándose de forma creciente en operaciones de mercado abierto e intensificando sus relaciones con los trabajadores individuales.

La crisis habría puesto de manifiesto la debilitad de dicho esquema. Las operaciones de mercado abierto habrían sido fundamentalmente especulativas, derivando en una fuerte inestabilidad financiera, y la intensificación de la actividad sobre los trabajadores individuales habría llevado a lo que se define como “expropiación financiera” de los bancos sobre los trabajadores, agudizando la desigualdad y la transferencia de rentas desde las clases sociales más desfavorecidas hacia los directivos bancarios y los accionistas de los bancos. El estallido final de la crisis habría supuesto, también, una fuerte transferencia desde el sector público hacia el sector privado; las inyecciones de capital y la compra de activos tóxicos habrían sido, además, ineficaces al no conseguir recuperar los flujos de crédito hacia las empresas.

La necesidad de una Banca Pública tendría dos pilares fundamentales. El primero, superar la crisis actual de forma justa y verdaderamente eficiente. El segundo, recuperar el sentido del sistema financiero y promover que el mismo sea un canal efectivo de transferencia de capital hacia la inversión productiva. Además, se plantea, serviría también como parte de una estrategia más amplia de recuperación del poder económico y democrático de la ciudadanía.

Efectivamente, las inyecciones de liquidez, los tipos de interés cero, la compra por parte del Estado de activos tóxicos (títulos financieros que ya no valen nada y que permanecen a precios ficticios en los balances bancarios disimulando así las pérdidas reales), y otras medidas del mismo sentido, no han tenido el éxito esperado. Han servido para recuperar la rentabilidad de los bancos, y de ahí que publiciten tantos beneficios en años de crisis, pero no se ha reactivado el flujo crediticio. ¿Cómo es posible? Fundamentalmente porque todas esas inyecciones de dinero público se han destinado a nuevos procesos de inversión financiera especulativa y no de financiación de la inversión productiva. Es decir, los bancos que recibían dinero barato de los bancos centrales lo destinaban a prestárselo a otras unidades económicas a precios mucho más caros (incluyendo al propio Estado a través de la deuda pública).

Los bancos no se atreven a reconocer las pérdidas porque tendrían que enfrentar una posible quiebra y una caída espectacular en la cotización de sus acciones. Por eso los estados están ayudando en todo el mundo a los bancos de una forma muy poco transparente. Y, como salvaguarda de los principios del sacrosanto mercado, tampoco pueden controlar a qué destinan los bancos el dinero. De ahí que durante la crisis escucháramos a presidentes como Zapatero casi pedir por favor a los bancos que movieran el dinero a la economía.

La Banca Pública sería una alternativa mucho mejor para enfrentar todos estos problemas. En primer lugar, restauraría al completo la confianza en los mercados. Al estar su actividad respaldada por el Estado, no habría razones para dudar de sus solvencias, y reduciría las tensiones en los mercados interbancarios (reduciendo los tipos LIBOR y EURIBOR). En segundo lugar, se solucionarían también los problemas de falta de transparencia, falta de democracia y, claro está, de solvencia. No habría razones para ocultar pérdidas, y la liquidez se recuperaría. En tercer lugar, se podría establecer un criterio justo y solidario para pagar el coste de dichas pérdidas, diversificando el mismo entre clases sociales.

En lo que respecta al comportamiento de largo plazo, los bancos privados se han comportado -como es lógico- como empresas capitalistas maximizadoras de rentabilidad y, como es propio del contexto actual, basando su actividad en un cortoplacismo que ha obviado las estrategias a medio y largo plazo. En su labor original los bancos privados se han mostrado muy poco eficientes. Así, han destinado los recursos a actividades especulativas, dejando de lado la financiación de la economía real y llevando a menores tasas de crecimiento económico en todo el mundo desarrollado. El sistema financiero, en definitva, se ha distorsionado y no está cumpliendo su función.

La banca pública sí puede cumplir esas exigencias de forma satisfactoria. Las grandes empresas no se financian a través de los bancos, pero sí las medianas y pequeñas empresas así como también los hogares. Un sistema financiero eficiente propulsa la demanda agregada a través del incremento de la inversión y del consumo, llevando a mayores tasas de crecimiento económico. Además, el funcionamiento “ético” de la Banca Pública tendría prohibidas las actividades especulativas y las prácticas depredatorias (altos tipos de interés, estafas, etc.) con los trabajadores individuales. La Banca Pública se convertiría así en el instrumento más eficaz para hacer política económica, pudiendo dirigir las decisiones de inversión de las empresas y, por ejemplo, ayudar en la configuración de un nuevo modelo productivo (fomentando a través de líneas de crédito barato, por ejemplo, la inversión en sectores estratégicos como las energías renovables).

Lapavitsas precisa algunas puntualizaciones finales. No se trataría de una simple sustitución de gestores privados por burócratas estatales, sino de un cambio profundo y radical en la naturaleza de la misma institución. Una banca pública que estuviera organizada democráticamente, con unos criterios sociales bien diferenciados y con total transparencia y representación social. Y dentro de un marco de cambio económico en el que se revertiera la tendencia regresiva de las políticas económicas, llevando fundamentalmente a una recuperación en la provisión de servicios públicos por parte del Estado.

Para llevar a cabo todo esto y poder reiniciar un ciclo económico expansivo, Lapavitsas insiste en que no hacen falta técnicos cualificados (que los hay, y muchos en paro) sino simple voluntad política. He ahí la cuestión.

MSR

Durante los tres primeros meses del año obtuvo 81 millones de euros de beneficios procedentes de la venta de inmuebles y destinó 120 millones de euros a cubrir posibles impagos futuros.

El beneficio procedente de los intereses alcanzó los 668,14 millones de euros, el bruto se situó en 917,21 millones y el de explotación en 605,26 millones.

Por otro lado, la cartera de créditos se situó en 97.657,8 millones de euros, mientras que los depósitos alcanzaron 62.670 millones.

MSR

El beneficio antes de impuestos fue de 91,50 millones, mientras que el de antes de las dotaciones para cubrir posibles impagos alcanzó los 139,7 millones de euros.

El margen de intereses de Bankinter se situó en 160,9 millones de euros los tres primeros meses del año, mientras que el margen bruto ascendió a 302,06 millones de euros –representando un crecimiento del 13,8% sobre el año pasado-.

A pesar de tener la morosidad bajo control en el 2,56% y tener una cartera de activos adjudicada valorada en 343 millones de euros, las provisiones por insolvencias totales aumentaron casi un 12% en los doce últimos meses -hasta alcanzar los 833,6 millones de euros-, cifra que ascienda hasta los 904 millones -un 19% más-, si se tienen en cuenta los 71 millones de euros provisionados por inmuebles adjudicados.

Cada uno de los 100.000 banqueros de Londres se embolsará una media de 77.700 euros, casi el triple del salario medio británico ¡¡indignante!!

Da igual que el país británico se encuentre inmerso en una intensa crisis económica y que muchos bancos hayan tenido que ser rescatados, la Banca está al margen del deterioro económico y está para disfrutar de privilegios, debe pensar, y ha decidido pagar 832 millones de euros, en primas, más que el año pasado.

Sin duda, la evolución del desempleo -el último dato publicado lo sitúa en el 8%- y la congelación salarial, chocan con este aumento de las primas de los banqueros. Pero este incremento no quedará reducido al 2010. Según las estimaciones del Centro de Investigaciones Económicas, en los dos próximos años las primas pagadas seguirán aumentando: 8.163 millones de euros en 2011 y 8.730 millones de euros en 2012.

MSR

Según el Consejo General del Poder Judicial, en territorio vasco se tramitaron el pasado año 1.255 procedimientos de ejecución hipotecaria. De las cuales un 25% se realizaron sobre bienes diferentes a viviendas: lonjas, locales comerciales, garajes, naves industriales y terrenos rústicos o urbanizables.

El INE acaba de revelar que de las 5.966 viviendas que durante los dos primeros meses del presente año han cambiado de manos entre miembros del Pueblo Vasco, un millar corresponden a adjudicaciones judiciales y ejecuciones hipotecarias.

En opinión de los expertos la mayor parte de las adjudicaciones de viviendas a las entidades financieras está por venir, ya que provendrán de demandas por impagos que entraron en los tribunales a partir de mediados de 2008 y se resolverán a lo largo de este 2010.

Según los balances públicos de las cajas a cierre del pasado febrero, los denominados “activos no corrientes en venta” -inmuebles de todo tipo, pero en su gran mayoría viviendas- que figuran en sus balances ascienden ya a 6.580 millones.

De los 2.580 millones procedentes de la banca la mayor parte corresponden al pago que realizará el Banco Santander que repartirá el 1 de mayo 1.825 millones de euros, le sigue el BBVA que distribuirá el 12 de abril más de 562 millones, el Banco Popular desembolsará el 12 de abril 99,98 millones de euros y por último Banesto abonará el 3 de mayo 92,79 millones de euros. Mientras que el Sabadell, por su parte, retribuirá con acciones, por un importe equivalente a 0,08 euros, el 23 de abril. Bankinter ya tuvo la cita con sus accionistas a principios de este mes.

El beneficio generado por los intereses ascendió a 428,5 millones de euros, un 2,4% por el registrado en el primer trimestre del año anterior. Las comisiones subieron un 2% hasta alcanzar los 156,3 millones de euros. Mientras que el beneficio de explotación creció un 3,1%, hasta los 388,2 millones de euros.

Señalar también que ha destinado 88,6 millones de euros para cubrir posibles impagos, un 11,2% más que durante el primer trimestre de 2009. Destinando 91 millones de euros a la cobertura de inmuebles. Lo que ha venido a reducir el beneficio bruto en 170,6 millones de euros, pero únicamente contable, ya que realmente se mantiene intacto.

Adicionalmente el banco, junto con otras entidades, ha realizado una operación de venta y posterior alquiler de oficinas que le ha aportado un beneficio de 70 millones de euros.

Y tú,  ¿tú cuanto ganas?

MSR: ¡NACIONALIZA LA BANCA!

Candidatos al desahucio

Se hipotecaron cuando la economía iba bien y el sueño de ser propietarios parecía al alcance de la mano. Cientos de miles de personas se ven ahora abocadas a la calle al no poder hacer frente a los pagos. ¿Les cegó el espejismo del dinero barato o son víctimas del sistema?

JOSÉ LUIS BARBERÍA

Al matrimonio Díaz-Gálvez, padres de dos hijos pequeños en Sabadell, la aurora les encuentra con las manos enrojecidas de tanto retorcérselas y sin haber pegado ojo. “Te levantas preguntándote: ¿será hoy? Y te acuestas temiendo que sea la última noche que pasas en tu casa. El timbre de la puerta, el teléfono, todo te estremece; vives con el miedo en el cuerpo esperando que vengan a ejecutar la orden”. Amenazadas por los embargos o perseguidas por las órdenes de desahucio, decenas de miles de familias andan con el alma en vilo, pendientes de la fecha fatídica en que deberán abandonar las casas que creyeron suyas, viviendas hipotecadas y, ahora, perdidas en el despeñadero social de la crisis. Las estadísticas son tan terribles que, aplicadas al muestrario de testimonios recogidos en este reportaje, adquieren la magnitud de una catástrofe colectiva. Y eso que estas voces castigadas por el sufrimiento y la derrotatratan de controlar sus emociones y no carecen de entereza.

“En el banco me dicen que venda el piso. Pero nos costó 40 (millones de pesetas), y si lo vendo, ahora nos dan 20″

Estos tres últimos años, 350.000 propietarios, familias en su mayoría, han perdido o van a perder sus casas

Stalin Pérez, ecuatoriano, es uno de los ‘colgados’ por la hipoteca. Se quedó sin casa y debe aún 140.000 euros al banco “

Esther, de 42 años, y su marido, de 52, tendrán que cobijarse por separado con sus respectivos padres

El embargo de las viviendas no colma las reclamaciones bancarias, no elimina la totalidad de la deuda

“Lo último que querría la banca es tener pisos. Lo llaman ‘el mal de piedra”, dice Encarna Pérez, de la patronal bancaria

Según el Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias, que en 2008 sumaron 58.000, y en 2009, 114.000, superarán este año las 180.000. Eso significa que en estos tres últimos años 350.000 propietarios, familias en su gran mayoría, han perdido o van a perder sus casas y que cada día que pasa medio millar más se queda sin vivienda. Súmense a estos insolventes los casos de familiares y amigos que avalaron los créditos, y que ahora corren el riesgo de que les embarguen sus propias casas, y se entenderá por qué parte de la sociedad española siente que el suelo tiembla bajo sus pies, teme precipitarse al vacío de la miseria y la exclusión.

Discretamente, casi sin ruido, en España se está produciendo un fenómeno masivo de migraciones domésticas encaminadas a la agrupación, la concentración y el hacinamiento. Son familias que, ante la imposibilidad de pagar la hipoteca (y en otros casos el alquiler), se mudan a viviendas de habitaciones subarrendadas con derecho a cocina y baño; personas solas que ponen su piso en alquiler y regresan a casa de los padres o comparten piso con otros familiares o amigos; gentes que no encuentran más refugio que los pisos patera y las pensiones sórdidas de camas calientes de dos y hasta tres turnos. Es la franja social machacada por el mazo de la crisis, los ahorcados por las hipotecas, los defenestrados de la “fiesta del ladrillo”. Todos ellos llevan grabada en la mente e impresa dolorosamente en el alma una fecha fatídica.

La fecha que martilleaba incesantemente a Esther, de 42 años, y a su marido, de 52, era el 31 del pasado mes de marzo. Ese día, los Mossos d’Esquadra se presentaron en su piso para deshauciarles. Tendrán que cobijarse provisionalmente, cada uno por su lado, en casa de sus respectivos padres. Su primera separación tras 6 años de casados y 10 de convivencia, porque ni los padres de él ni los de ella están dispuestos a acogerles a los dos. “Es increíble que no se pueda detener el proceso de desahucio, cuando acabo de ganar las oposiciones a auxiliar administrativo de la Generalitat y dentro de unos meses, una vez adjudicada la plaza, podría intentar hacer frente a los pagos. Somos los nuevos pobres, gente a la que nos da un enorme apuro y vergüenza reconocer que estamos viviendo a un paso de la miseria”, afirma, exasperada, impotente, al borde del llanto. La pareja vive con los 426 euros del subsidio que le corresponde al marido por parado de larga duración y mayor de 52 años. No tienen hijos. “Casi me alegro, dada nuestra situación. Quiero vivir, pero tengo miedo hasta de mis propios pensamientos porque lo damos todo por perdido”, dice.

En el incierto compás de espera que mantiene atrapadas a tantas familias, la angustia socava posiciones que se creían consolidadas, arrasa horizontes de ilusión y esperanza. ¿El surgimiento, en tan poco tiempo, de este ejército de desahuciados no nos interpela ahora, dramáticamente, sobre la política de vivienda seguida en los últimos lustros en el país del millón y medio de casas vacías y precios prohibitivos de los pisos? El 84% de las viviendas españolas se encuentra en régimen de propiedad, frente al 61% de la media europea. Es un hecho demostrado que lo último que la gente deja de pagar es la cuota del piso y también que la economía sumergida se está nutriendo de insolventes hipotecados que trabajan en negro para evitar que les intervengan las nóminas en un procedimiento de ese tipo.

La cadena iniciada con la pérdida del puesto de trabajo -en muchos casos, la entrada en el paro de uno de los miembros de la pareja ya sitúa a la familia ante el umbral de la pobreza- desemboca con frecuencia en situaciones muy comprometidas una vez agotado el subsidio de desempleo. Son las últimas mallas del sistema, conformadas por las rentas mínimas de inserción y por las ayudas y subvenciones administrativas dirigidas a combatir el desahucio de las rentas más bajas, lo que está impidiendo un desplome mayor en la miseria. El caso de la familia catalana Barroso-Lavadesa es un exponente del encadenamiento desgraciado de sobreendeudamiento, paro, impago de hipoteca, pobreza y vulnerabilidad. Alonso (36 años) y Eva (32) pusieron en alquiler su piso de Badalona en agosto pasado y con sus tres hijos pequeños se fueron a vivir a casa de su madre, una vivienda de alquiler en Santa Coloma de Gramanet en la que han recalado también un hermano despedido del ferrocarril con su familia y una hermana en situación similar.

La entrevista tiene lugar en la terraza de la casa, pequeña, de una planta, abigarrada de colchones y todo tipo de enseres. Lo que el periodista encuentra es una estampa familiar descorazonadora de rostros sombríos, expresión deprimida y ojos enrojecidos por las lágrimas que asoman por turnos en cada intervención. Debe de ser duro reconocerse en la cruda situación que describen tus propias palabras pronunciadas en voz alta y mucho más oírle contar a la madre que ha intentado suicidarse tres veces porque, después de haber trabajado toda la vida, está enferma y no quiere ser una carga para sus hijos en esta situación tan difícil. “Cuando me quedé sin empleo en la obra, pusimos el piso en alquiler para poder pagar la hipoteca de 1.400 euros, pero el problema”, explica Alonso, “es que la inquilina se ha quedado ahora sin trabajo y no me paga los 600 euros de la renta, aunque sabemos que realquila las habitaciones a 400″. Alonso Barroso tiene también otro problema añadido: se cayó del tejado cuando trataba de reparar la antena de su casa -”no podía pagar un antenista”- y lleva meses sin poder andar. Para colmo de males, Eva, su mujer, perdió su trabajo como vigilante de seguridad cuando tuvo que ocuparse de su marido y de los tres niños.

Aunque el conjunto de la familia reúne en subsidios, ayudas y subvenciones una cifra nada despreciable: 600 euros de la pensión de invalidez de Alonso, 700 del paro de Eva, 400 de subsidio del cuñado y 480 de la pensión de invalidez de la madre, María del Carmen, que padece del corazón entre otras afecciones, los Barroso-Lavadesa no consiguen llegar a final de mes. “Hemos vendido todo lo que podíamos vender: las joyas, un coche, el vídeo, el aparato de música, pero no nos llega porque con eso tenemos que pagar los 1.400 de hipoteca, los 585 del alquiler de esta casa, los 350 euros de la letra de una furgoneta que no vendemos porque nos ofrecen menos de lo que nos queda por pagar. Sume usted a eso la luz, gas, agua, comida, ropa y calzado para los niños, pañales, papillas, leche, y comprobará que el dinero no alcanza”, explica Eva. No alcanza hasta el punto de que han necesitado la ayuda de Cáritas para cubrir el alquiler de los últimos meses de esa casa comunitaria convertida en el último refugio, la tabla salvavidas de los Barroso-Lavadesa. La madre, María del Carmen, cuenta que, aunque es la primera vez en 10 años que no cumple a tiempo, la casera ya le ha comunicado que su marido se está poniendo nervioso por el retraso en los pagos.

-¿Y por qué no venden el piso de Badalona?

“Es lo que me dicen en el banco, pero es que nos costó 40 (millones de pesetas) y si lo vendo ahora, nos dan 20. Es todo lo que tenemos, aunque el del banco ya me ha dicho que en realidad lo único mío de la casa serían unas cuantas baldosas porque les debemos 347.000 euros del crédito de 360.000 que nos dieron”, responde Alonso. “Y no hay día que pase”, interviene Eva, “sin que me llamen para amenazarme con que van a ejecutar la hipoteca de la casa de mi padre, que nos avaló el préstamo”. Dicen que no sueñan con que les toca la lotería, sólo con tener trabajo y salud, poder ganarse la vida, dormir con la tranquilidad de que a sus hijos no les falta de nada. Tiemblan también por sus avalistas, personas mayores aterradas ante la posibilidad de que puedan perder su piso, el fruto de sus ahorros.

Cabe preguntarse si los únicos responsables de esta catástrofe que castiga a las franjas económicamente más débiles de la sociedad son los propios insolventes que, llevados por la ignorancia, la ambición, la ingenuidad, cometieron la osadía de meterse en un piso que no pueden pagar. ¿Ellos solos se lo han buscado o es que ese sueño nacional al que se adhirieron con especial ilusión los inmigrantes, “el sueño español”, fue inducido irresponsablemente por la alegría crediticia de estos años atrás, al tiempo que el sobreendeudamiento resultante de la burbuja inmobiliaria, que nadie se atrevió a pinchar, les colocaba inadvertidamente la soga que ha acabado por ahogarles?

Es una soga de la que no resulta fácil desprenderse, ya que el embargo de los pisos, que han perdido el valor de años atrás, no colma las reclamaciones bancarias, no libera de la condena de seguir cargando con la losa. “Hemos observado que mujeres que habían encontrado una salida laboral de la prostitución han vuelto a ejercerla porque se les ha taponado esta vía”, apuntan, incluso, en el centro de rehabilitación de Las Teresitas, en Madrid. “Trabajaba en una multinacional, pero me quedé con un paro de 600 euros. Me he metido en esto porque no podía pagar las hipotecas y las facturas”, afirma una mujer que aparece en los anuncios de contactos, subrayando su condición de española que se estrena en el oficio.

“Nos quitaron el piso de Vallecas (Madrid) hace un año, cuando perdí mi trabajo de informático”, dice Stalin Pérez, ecuatoriano de origen con más de una década en España. “No pudimos pagar la cuota del crédito hipotecario de 240.000 euros, que subió de golpe de 900 a 1.500 euros, y nos pusieron en la calle con dos niños pequeños. En la subasta, el banco se lo adjudicó en 130.000 porque ahora no hay nadie que puje por un piso en las primeras convocatorias. Después de haberles pagado 27.000 euros del crédito y haberme quedado sin casa, siguen reclamándome una deuda de 140.000, ya que me suman los intereses que han seguido corriendo y las costas del proceso judicial”. Stalin y su familia viven ahora de alquiler y él se gana la vida con un pequeño locutorio.

“¿Que si estoy bien ahora? Imagínese la felicidad que puedo tener. Estoy incluido en el registro de morosos, Asnef; no tengo derecho a préstamos bancarios ni a tarjetas de crédito; pueden intervenir judicialmente mis ingresos y debo al banco una barbaridad de dinero que no sé cómo voy a pagar y que es una condena de por vida. Ahora mi piso tiene colgado un cartel de Se vende. He llamado y piden por él 190.000″. ¿Hacen negocio los bancos con los créditos impagados, como creen muchos de quienes han descubierto que el ideal del piso en propiedad puede trastocarse en maldición?

“Lo ultimo que querría tener la banca son inmuebles”, indica Encarna Pérez, de la Asociación Española de Banca (AEB). “Le llaman el mal de piedra porque no es su negocio y les obliga a dedicarle muchos recursos y a recortar los resultados. Por cada piso que se queda, la banca tiene que hacer una provisión de fondos por el 10% del valor de tasación, que se convierte en el 20% al año siguiente, además de pagar las cuotas de la comunidad de vecinos, arreglar los desperfectos… En realidad, tratan de quitarse los inmuebles de encima como pueden, incluso refinanciando créditos y dando facilidades a sus clientes”, subraya.

El campo en ruinas de los damnificados está abonado con créditos hipotecarios concedidos por el 100% y hasta el 120% del precio del piso a personas de salarios modestos y situación laboral poco estable que ahora cargan con su error. A estas alturas, parece evidente que parte de las entidades de crédito incurrió en comportamientos excesivamente laxos, poco rigurosos. “Fueron años de gran expansión, con tasa de desempleo y tipos de interés bajos, en los que el mercado tiraba para adelante, pero en España no han existido como producto las hipotecas subprime ni las ninja (concedidas a personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo, sin propiedades)”, explica Encarna Pérez.

A Berta Delicia, una mujer ecuatoriana de 60 años sin patrimonio ni más ingresos que los 700 euros mensuales que gana limpiando portales, y a su entonces marido, trabajador no cualificado, la banca les dio un crédito de 240.000 euros. Como no podía pagar, menos todavía tras el divorcio, Berta recurrió a las financieras y terminó hundiéndose más y más en un pantano de deudas. Fue la intervención judicial precisamente y la actitud de los acreedores que aceptaron el piso en dación (entrega del piso a cambio de anular la deuda hipotecaria pendiente) la que le sacó del atolladero cuando estaba a punto de perder la salud.

“Acabo de regresar de la región rumana de Alexandria y he vuelto impresionado por la cantidad de villas y mansiones de dudoso gusto levantadas con créditos de bancos españoles y que ahora están paralizadas, a medio construir, porque, por lo visto, ya no llegan de España las remesas de los inmigrantes”, comenta el director y productor de cine Julio Soto. Según el Banco de España, el crédito hipotecario considerado moroso o dudoso (tres meses consecutivos de impago), que no cesa de aumentar, alcanzó en septiembre último los 18.209 millones de euros de un volumen total de 609.395 millones. Subsumida en el montante general, la cifra no parece tan enorme, pero es ahí donde se concentra el drama de esas 350.000 familias.

En las conversaciones con los “ahorcados por la hipoteca”, título que da nombre a una de las asociaciones de afectados, circula la idea, lacerante como un puñal, de que todo el mundo (bancos, inmobiliarias, tasadores, notarios…) ha ganado a su costa. “Todos ganaban con nuestra desgracia”, dirán en Madrid o Barcelona Estefanía Portaña, Segundo Zapata, Erick Jativa… ¿Estamos ante un equívoco inducido por el mercado o ante un ejercicio de ingenuidad por parte de gentes ambiciosas e incautas que pensaron que tener una vivienda en propiedad en España estaba al alcance de todo el mundo?

La inmensa mayoría de esta legión de perdedores carece, desde luego, del conocimiento, experiencia y los reflejos mostrados por el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, cuando, a propósito de los vuelos suspendidos por su compañía aérea Air Comet y de los miles de viajeros perjudicados, dijo aquello de que él “nunca habría elegido Air Comet para volar a ningún sitio”.

Ada Colau, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Cataluña, que reclama la dación, sostiene que la combinación fatal de boom inmobiliario, sobreendeudamiento e insolvencia familiar fue favorecida por la concesión casi indiscriminada de créditos hipotecarios y por la ausencia de controles públicos y políticas dirigidas a garantizar un alquiler accesible y estable. Pocas voces cualificadas salieron entonces a denunciar los excesos, y las que lo hicieron quedaron ahogadas en la alegre cacofonía general del “corre ahora lo que puedas y no pienses en mañana”. Ocurrió, incluso, pese a la crítica a los préstamos hipotecarios a 40 y 50 años que el entonces ministro de Economía Pedro Solbes vertió en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander. Sus palabras fueron contestadas y cayeron en saco roto.

“Tengo 49 años y una hipoteca a 40 años que vencerá cuando, seguramente, yo ya estaré muerta”, comenta Edurne, educadora social en Girona. “Firmé la hipoteca hace cuatro años, a medias con mi compañero, pero me la quedé al completo cuando él se marchó, y aunque hasta ahora he pagado los ochocientos y pico mensuales, ya no puedo más. Llevo dos años intentando vender la casa, y ahora lo que quiero es que el banco se quede con ella a cambio de liquidarme la deuda: 140.000 euros de un crédito total de 145.000″, dice. Edurne no lo tendrá fácil porque los bancos acreedores sólo aceptan la dación muy excepcionalmente y en casos de insolvencia manifiesta. “Después de tantas angustias, he decidido que se acabó el miedo, que hagan conmigo lo que quieran, no voy a seguir viviendo en la miseria para poder pagarles”. “Tenemos que salir a manifestarnos a la calle con nuestros hijos”, lanza Segundo Zapata, ecuatoriano con una fecha de desahucio del pasado día 11.

El techo se le ha caído encima a Ailín García, de 29 años, divorciada, madre de tres hijos, el último de los cuales acaba de nacer con insuficiencia respiratoria. Ha perdido la casa de renta antigua por la que pagaba 380 euros al mes en Barcelona porque su ex marido no le avisó de que había dejado de abonar el alquiler. Está aterrada, más que desesperada. “Cuando me enteré, intenté subrogar el alquiler a mi nombre y pagar los meses atrasados, pero la casera no me dejó. Supongo que prefiere contratos a precios actualizados”. Dice que el juicio y la sentencia han sido rapidísimos y que en la vista ni ella ni su abogada pudieron prácticamente abrir la boca. Ailín ha experimentado la celeridad del procedimiento establecido en la Ley de Alquiler, conocida por los damnificados como “desahucio exprés”, que facilita y agiliza el proceso de desalojo en caso de impago.

Concebida con el propósito de ampliar el raquítico mercado de alquiler en nuestro país -uno de los puntos débiles del problema-, la ley parece estar dando sus resultados: los hogares en alquiler pasaron de ser el 11% al 13% en 2008, y el precio del alquiler no ha subido prácticamente en los últimos meses, según el Instituto Nacional de Estadística, aunque sacrifica por igual al insolvente honesto y al aprovechado.

El desahucio de Ailín García lleva la fecha del 15 de abril, y ella dice que no tiene alternativa, que sus ingresos -los 600 euros que le pasa su marido por el cuidado de los hijos y los 410 del PIRMI, la ayuda de la Generalitat- no le permiten pagar un alquiler a precios de mercado. “Trabajaba en una frutería y decidí ponerme por mi cuenta, pero fue un negocio desastroso y ya no tengo nada. De la noche a la mañana me veo debajo del puente con un recién nacido y dos niñas de ocho y cinco años a las que hasta ahora no les ha faltado de nada. La alternativa es que los cuatro nos metamos de realquilados en una habitación o me vuelva a Cuba como me dice la asistente social. ¿A Cuba?, pero si yo salí de allí a los 18 años y España es ya mi país”, dice, envuelta en lágrimas.

Sin red familiar y con menos recursos, parece claro que el mal de piedra está castigando proporcionalmente más a los inmigrantes. “Calculo que el 60% de los casos que veo en mi juzgado corresponden a inmigrantes”, apunta el juez instructor de uno de los juzgados madrileños que ejecutan las hipotecas impagadas. Según su experiencia, en buena parte de los casos los bancos se quedan con los inmuebles por el 50% del valor de tasación. Dice que el procedimiento judicial es una apisonadora que apenas contempla la pregunta retórica de si el ejecutable ha pagado o no. Ante esa apisonadora trituradora de ambiciones, sueños e ilusiones desfilan a diario, perdedores con fecha de desahucio y futuro sombrío.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, subrayó la necesidad de crédito que hoy tienen los autónomos y aseguró que las entidades bancarias «están dando la espalda al país y a los autónomos».

Amor hizo estas declaraciones en Ciudad Real, a donde se desplazó para firmar el acuerdo de integración con la Asociación de Estanqueros de Ciudad Real, con su presidente, Fernando Bermejo. Amor aseguró que, en contra de lo que dicen los bancos, la realidad es que en 2009 pidieron un crédito 600.000 autónomos pero sólo le fue concedido a 60.000. Amor denunció además que las administraciones siguen pagando «a 180 días, lo que imposibilita que los autónomos sean el motor de la economía como han sido hasta ahora».

Además, el presidente de ATA criticó con dureza la subida del IVA impulsada por el Gobierno de España, que calificó como «una piedra más en el camino», que provocará que vuelva a repetirse aquello de «con IVA o sin IVA».

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Lo que viene a reflejar, que a pesar de ser los bancos los principales responsables del deterioro de la situación económica en la que nos encontramos inmersos, los bancos y las cajas de ahorro siguen y seguirán estando al margen de las consecuencias económicas de la crisis a la que nos han llevado. Dejando caer todo el peso de la crisis sobre el Pueblo Español.

No pecamos de desconocedores de la realidad que nos rodea, si afirmamos que el incremento del beneficio experimentado por los bancos y cajas de ahorro será algo generalizado y característico del sistema bancario. Y no al revés, como nos venden los medios de (des)información, dando así la espalda a la realidad y poniéndose al servicio del Capital, una vez más, con la simple finalidad de vivir y beneficiarse de este sistema creador de desigualdades sociales que estamos padeciendo.

MSR

La banca sigue cobrando tras quedarse con un piso

C. DELGADO – Barcelona

“Hubo un momento en el que tuve que elegir: o pagaba la hipoteca o daba de comer a mis hijas”. A Estefanía Portaña le tiembla la voz cuando explica que ha dejado de pagar las letras de su piso. Cuando en 2005 compró una vivienda cerca de Tarragona, no pensó que un día se vería metida en el infierno que vive. Como no puede pagar las mensualidades, el piso saldrá pronto a subasta. Si el banco se queda con él, estará en la calle. Pero lo peor es que su calvario no habrá terminado: “Me iré a la calle y seguiré cargando con la mitad de la hipoteca”, explica aguantando las lágrimas.

Esto pasará porque, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, en España, cuando uno deja de pagar la hipoteca y su vivienda acaba en una subasta, si no sale comprador, el banco puede quedarse con ella por el 50% del valor de tasación que tenga. El resto del dinero, hasta cubrir el valor total de la hipoteca, lo deberá abonar el propietario. Por eso Estefanía corre el riesgo de quedarse en la calle y al tiempo deberle al banco 100.000 euros. Como ella no los tiene, teme que el banco vaya a por sus padres. “Ellos me avalaron con su piso”, dice preocupada.

“La ley española, que es una anomalía, porque protege a los más fuertes y deja que todas las responsabilidades caigan sobre los débiles”, denunció ayer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Piden, respaldados por asociaciones y juristas, que se reforme la ley para que se regule la dación como pago. Es decir, que entregar la casa al banco sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria.

La petición para que, si hay impago hipotecario, entregar la vivienda sea suficiente para saldar la deuda viene respaldada, dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por una decena de asociaciones catalanas (de consumo, derechos humanos y de abogacía), así como por más de una treintena de juristas. En España, afirman, hay 350.000 familias que en los últimos tres años han perdido su vivienda por falta de pago o la perderán. La mayoría mantendrá “deudas de miles de euros” a pesar de quedarse en la calle, denuncian. No han conseguido datos específicos de Cataluña, pero saben que es una situación cada vez más común. “A nuestra plataforma se han unido en menos de un año 700 familias”, aseguran. “Las empresas pueden acogerse a un concurso de acreedores para liquidar su deuda de manera ordenada y empezar de cero. Para las familias no es viable esta opción. Es muy caro ir a concurso (12.000 euros) y no se pueden incluir los préstamos hipotecarios, que son el mayor problema de la mayoría”, razonan.

Anna Colau, miembro de la plataforma, habló ayer arropada por Jaume Assens, abogado y vocal de la Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que también está peleando por este cambio legislativo. Quieren que se apruebe con carácter de urgencia, incluido en el paquete de medidas anticrisis que se está discutiendo a nivel estatal. Si no tienen éxito, seguirán peleando. Lo llevarán al Congreso (de momento aseguran que ERC e ICV ya se han mostrado interesados) o por la vía de iniciativa legislativa popular (ILP) mediante una recogida de firmas, que ya han comenzado.

“Para pedir la hipoteca, todo fueron facilidades”, recordaba Segundo Zapata, presente en la rueda de prensa que organizó la plataforma ayer. En 2007 una caja de ahorros le prestó 263.000 euros para comprar un piso en L’Hospitalet de Llobregat. Respaldaban el préstamo su nómina de 1.200 euros de albañil y los 400 euros que ganaba su mujer trabajando por horas. Su hijo, con una nómina casi idéntica a la de Segundo, era el avalista. Hoy esos ingresos han desaparecido. El piso se ha subastado. Como no hubo ofertas, el banco será el dueño. Y Segundo y su familia, que viven de alquiler, le deben aún 200.000 euros a la entidad.

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